Leandro Martínez y Lucía Vicent
El 22 de Noviembre, 48 horas después de las elecciones generales comenzaron, de forma oficial, a concretarse los previsibles recortes y ajustes que se exigen a España desde Bruselas, y que se habían pospuesto debido a la jornada electoral.
Tras la cita en las urnas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, dirigido por CiU, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con su nuevo plan de ajuste con el que se pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para el 2012. Las medidas para la consecución contemplan recortes salariales a los empleados públicos, subida del canon del agua, aumento de las tasas universitarias y de las tarifas del transporte público, privatizaciones de empresas públicas, etc. Este tipo de recortes no resultan novedosos si recordamos las medidas que se han ido sucediendo a raíz de la crisis, en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, sí llama la atención la velocidad con la que en España las políticas orientadas al recorte y la privatización de la sanidad pública se van expandiendo, eludiendo la cuestión de que se trata constitucionalmente de un servicio gratuito de acceso universal.
Leer en Rebelion
No hay comentarios:
Publicar un comentario