María S., una desempleada de 54 años, no se lo podía creer cuando, a principios de este mes, se enteró en su centro de salud del casco viejo de Cartagena de que le habían dado de baja su tarjeta sanitaria y, por tanto, tanto ella como su hija de 19 años se han quedado sin cobertura sanitaria pública, salvo que acuda a un servicio de urgencias hospitalarias. En su caso, esta traba legal que los gobiernos autónomos de Murcia y Galicia están poniendo estas últimas semanas a los parados de larga duración y extranjeros sin recursos para para recibir asistencia podría tener consecuencias inmediatas en su salud. María superó hace un año una operación para extirparle "un principio de cáncer de colon" y este mes ya no podrá ir a la revisión que le corresponde: "Tenía que ir a revisión con el oncólogo a principios de noviembre y no lo he podido hacer; y mi hija, que tiene consulta en diciembre por un problema de tiroides, tampoco podrá ir", se lamentaba ayer. "Me dijeron en el centro de salud que estaba dada de baja, junto con mi hija, y que me diera de alta con un familiar o fuera a la Seguridad Social para tramitar una tarjeta como persona sin recursos".
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